Desde su creación en 1964, las FARC-EP comenzaron un enfrentamiento con el Estado colombiano. A partir de ese momento, el objetivo principal de todos los gobiernos fue ponerle fin a ese conflicto por la vía del diálogo o de la confrontación.
El primer antecedente de un proceso de paz con este grupo se remonta al gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), quien además de expedir una ley de amnistía que facilitaba la desmovilización de integrantes de grupos guerrilleros, logró firmar con las FARC-EP en 1984 un primer acuerdo de cese al fuego denominado Acuerdos de La Uribe (por el municipio de ese nombre en el departamento del Meta, al sur del país), al que después se adherirían otras organizaciones guerrilleras (Ejército Popular de Liberación-EPL, Movimiento 19 de abril-M-19, Autodefensa Obrera-ADO), y que incluía, además, la suspensión del secuestro, la creación de una comisión de verificación de lo dispuesto en este acuerdo y la generación de compromisos para garantizar la participación en política de los integrantes de las FARC-EP y otros movimientos. El incumplimiento de las partes, el recrudecimiento de la guerra y los impactos de esta sobre la población civil, así como el posterior asesinato de más de tres mil integrantes del partido Unión Patriótica —creado tras el acuerdo—, terminaron por romper con estas conversaciones en el año 1987.
Un nuevo intento de negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP tendría lugar a finales de los ochenta e inicios de los noventa, en el marco de un proceso constituyente y del desarrollo de acuerdos de paz con otros grupos guerrilleros como el M-19, el EPL, el Movimiento Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Tras años de infructuosos acercamientos, en los primeros meses de 1991, en el gobierno de César Gaviria (1990-1994), se hace pública la voluntad de diálogo de las FARC-EP y otros grupos guerrilleros agrupados (Ejército de Liberación Nacional-ELN y estructuras del EPL) bajo el nombre de Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; meses después se inicia un proceso formal de conversaciones que tendría lugar en Caracas (Venezuela) y posteriormente en Tlaxcala (México). A pesar de algunos avances en la definición de una agenda de conversaciones, este intento de negociación se vio frustrado tras el secuestro y muerte en manos del EPL del exministro Argelino Durán Quintero.
La posibilidad de una nueva negociación entre el Gobierno y las FARC-EP definiría el resultado de las elecciones presidenciales a favor de Andrés Pastrana (1998-2002), quien una vez electo y de común acuerdo con las FARC-EP ordenaría el despeje militar de cinco municipios al sur del país (42.000 km2 aproximadamente) con el fin de iniciar los diálogos de paz a comienzos de 1999. Más allá de algunos hitos de estas conversaciones, como la firma de una agenda de diálogos y otros acuerdos para superar los momentos de crisis y abordar temas como el cese al fuego, el proceso fracasó luego de tres años y tras el recrudecimiento de la violencia y la confrontación entre las partes, así como las repetidas acusaciones sobre el uso indebido que las FARC-EP hicieron de la zona de distensión para su repliegue estratégico. En 2002, la zona despejada fue retomada por las Fuerza Militares y este intento de paz llegó a su fin.
Durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) se plantearon diferentes iniciativas de acercamiento con las FARC-EP, empezando por aquellas orientadas a lograr un acuerdo humanitario entre los años 2003 y 2004, que comprendía la liberación de secuestrados por esta guerrilla. Desde ese momento, y a través de un facilitador autorizado por el Gobierno y que tenía contacto para propósitos humanitarios con un integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, se adelantaron diferentes tipos de intercambios entre 2004 y 2007 que buscaban un espacio de encuentro directo entre las partes, definir los términos para una posible zona de despeje y llevar a cabo algunas acciones unilaterales que permitieran la concreción del acuerdo humanitario. Para los últimos meses de gobierno en el año 2010, a través del mismo canal de facilitación, se volvió a plantear la posibilidad de una reunión directa entre delegados de las partes para explorar nuevamente un acuerdo humanitario y el inicio de un proceso de conversaciones. Estos intercambios finalizarían tras la publicación de una carta en la que las FARC-EP reiteran su disposición al diálogo, pero lamentan el corto tiempo para las conversaciones teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones presidenciales.