El Capítulo Étnico en el Acuerdo de Paz de Colombia: Una Perspectiva desde las Mujeres y Organizaciones Indígenas y Afrocolombianas

Resurgir de lo étnico: de la defensa del territorio a la defensa de la vida

En la década de 1970 en América Latina se vivió un “despertar indígena” promovido por organizaciones como Ecuarunari en Ecuador, el Katarismo en Bolivia y la Federación Shuar en la Amazonía (Albó, 1991) (Stavenhagen, 1997). En Colombia nació el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971, para la promoción de los derechos de los resguardos y cabildos indígenas y la protección de su lengua e historia (Peñaranda, 2015, p. 143). En 1982 se creó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que hoy cuenta con 50 organizaciones^[2] zonales y regionales para promover los principios de “unidad, tierra, cultura y autonomía”.  La creación de organizaciones afrocolombianas se inició en los años 70 en un ambiente intelectual urbano, inspirado en el movimiento afroamericano de los Estados Unidos y el Caribe. Otros grupos más pequeños y cercanos a la experiencia colombiana se inspiraron en los esclavos fugitivos, cimarronismo, y los palenques (Wade, 1996, p. 286). En el Pacífico se creó, en 1987, la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) y otras organizaciones de carácter interétnico como la Organización Campesina del Bajo Atrato (OCABA), la Asociación Campesina del Municipio de Riosucio (ACAMURI), la Asociación Campesina del Baudó (ACABA), ( Wabgou, Arocha Rodríguez, Salgado Cassiani, y Carabalí Ospina, 2012, p. 141). ACIA es considerada pionera en Colombia (y en el continente) en apelar a la ancestralidad para reivindicar derechos territoriales e identitarios de la población negra (Restrepo, 2013, p. 37).

“No trasladen la guerra a territorios de nuestras comunidades”

Parece paradójico que las propuestas de paz de las organizaciones indígenas se dirigieron a frenar las incursiones de las FARC en sus territorios. Como lo anota el investigador Peñaranda (2015, pp. 96-97) durante los años 70 y 80 las FARC transitaron de una “condición militarmente precaria, pero con una relativa presencia política” a una fuerza militar sin “expresión en la órbita política”, mientras que las comunidades indígenas pasaron de una condición marginal, a “ser importantes protagonistas de la política local y nacional”. Dada la estrategia de dominación militar, las FARC incursionaron a menudo en territorios indígenas, ignoraron y coaccionaron a sus autoridades, e incluso eliminaron a sus líderes como fue el caso del asesinato, en 1981, de siete miembros de la comunidad, uno de ellos el líder José María Ulcué (Peñaranda, 2015, p. 167) (Villa y Houghton, 2004, p. 97). Estas agresiones motivaron la defensa indígena de su autonomía y gobierno propio, percibidas como condiciones para la paz. El principio de autonomía se entendió como el derecho a controlar la vida social y política al interior de los resguardos, como lo expresaron en la Resolución de Vitoncó, firmada por la ONIC y el CRIC (Villa & Houghton, 2004, p. 102) (Vega Luquez, 2019).  La declaración de Ambaló, firmada en 1985, es aún más contundente en su propuesta de aislar a sus comunidades de la guerra sin descartar cooperación dentro de reglas de igualdad y respeto:

Las organizaciones indígenas sufrieron los efectos del “cerramiento político” que caracterizó la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). El proclamado “estatuto de seguridad” criminalizó a las organizaciones políticas al señalarlas “enemigas del orden”, aplicándoles medidas de orden público, encarcelando y reprimiendo a líderes sindicales, partidos de izquierda y acusando y encarcelando a los líderes del CRIC acusados de pertenecer a la guerrilla, medidas que fueron denunciadas en el Primer Foro Nacional de Derechos Humanos de marzo de 1979 (Archila y García, 2015, p. 32) (Villa & Houghton, 2004, pp. 30-31).

En 1985 se creó el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), única experiencia de organización armada de origen indígena. No obstante, el MAQL se diferenció de la guerrilla en la búsqueda de soluciones que “respetaran las garantías básicas para las comunidades” (Villarraga Sarmiento, 2014) (Villa, 1997, p. 33). El MAQL se desmovilizó como parte de la oferta de paz durante la Asamblea Constituyente en el 91 (Peñaranda, 2015, p. 98 y 287) (Villarraga Sarmiento, 2014, p. 98).

El Pacífico: de “frontera sin límites” a “tierras de comunidades negras”:

En los años 70 y 80 la región del Pacífico se consideraba un “remanso de paz”, no porque los conflictos estuvieran ausentes, sino porque estos se negociaban al interior del territorio, permitiendo construir territorialidades para la convivencia entre los dominados (Romero, 2001, p. 760). ACIA fue la primera organización que articuló demandas por derechos territoriales para la población negra en reacción a la Ley 2ª de 1959 que declaró las tierras del pacífico “baldías”, invitando a los empresarios de la madera a explotar los bosques, degradando los ecosistemas que eran básicos para su subsistencia (Villa, 1997, pp. 347-348). Esta legislación transformó la percepción del territorio de “frontera sin límites” a un territorio que se “define en un mapa y en el que se puede hacer un censo de los propietarios” (Villa, 1997, pp. 347-349). Anticipándose a la Constitución de 1991, ACIA le propuso al presidente Belisario Betancur (1982-1986) que reconociera la “territorialidad de las comunidades negras”, aplicando el Convenio 107 de 1957 de la OIT con el argumento de la diferencia de su población (Arocha, 2004, p. 635).  ACIA representó a las comunidades negras en su negociación con el Estado, logrando para 1987, la demarcación de 600.000 hectáreas que en 1997 se convertirían en 800.000 hectáreas tituladas a la organización, momento cuando muchos de sus beneficiarios habían dejado el área huyendo de las acciones violentas de actores armados (Escobar, 2010).

La propuesta de ACIA de una relación entre el territorio, ancestralidad y prácticas tradicionales de producción influenciarían el Artículo 55 de la Constitución de 1991, encontrando sustento en el Convenio 169 de la OIT de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas de 2007 (Restrepo, 2002, p. 40) (Villa, 1997, p. 352).

En los años 90 el conflicto se extendió a la mayoría de los territorios del país, incluido el Pacífico, en una guerra conducida por poderosos “empresarios de la guerra” (Romero, 2001, p. 765) que incluyó paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros. Esta guerra “contra la sociedad” (Pécaut, 2001) se libró contra periodistas, jueces, ministros, candidatos presidenciales, gobiernos locales, sindicatos, campesinos y poblaciones indígenas y afrocolombianas. La estrategia seguida fue de “desterritorialización” para permitir que las “máquinas de guerra” operaran sin obstáculos (Almario, 2004, p. 657). La generalización del terror incluyó desapariciones forzadas, masacres y el uso de la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de despojo de la tierra (Céspedes-Báez, 2010). El desarraigo del territorio produjo aproximadamente dos millones de desplazados, entre 1996 y 2002 (CNMH Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 71), una gran proporción de ellos indígenas, afrocolombianos, mujeres y niños.

De Nación Homogénea a Pluriétnica y Multicultural: Constitución Política de 1991

La violencia generalizada se asoció a la prevalencia de un sistema político “excluyente, ilegitimo y extremadamente hostil a la incorporación de nuevos partidos representando nuevos intereses y demandas” (Segura y Bejarano, 2004, p. 220).  Esta percepción motivó la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que se inauguró en febrero de 1991 con la elección de setenta miembros, que además de partidos tradicionales incluyó a guerrilleros desmovilizados, representantes de grupos religiosos diferentes a la religión católica, religión oficial desde 1896, agrupaciones de mujeres y tres representantes indígenas: Alfonso Peña Chepe, del grupo Páez, quien participó por el desmovilizado MAQL, Francisco Rojas Birry, del grupo Embera de la costa Pacífica, representante por ONIC, y Lorenzo Muelas, del grupo Guambiano, de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). La presencia de indígenas al lado de guerrilleros desmovilizados fue vista como ejemplo de convivencia, diálogo y respeto (Gros, 1993, p. 9) (Jackson, 2003, p. 142) (Peñaranda, 2015, p. 338).  Más que una fuerza numérica, la participación indígena cambió la percepción de Colombia como nación homogénea, como lo hicieron más tarde los indígenas en Bolivia y Ecuador, recuperando fragmentos de un pasado ancestral para reinventar nuevas formas de coexistencia (Schavelzon, 2016, p. 120). La Constitución Política de 1991, junto a la de Brasil, fue pionera en otorgar un lugar para los indígenas y afrocolombianos en la nación, que además de reconocer la diversidad étnica y cultural, le asignó al Estado su protección (artículos 7, 8 y 70)  (Gros, 1993, p. 8);  reconoció a los resguardos indígenas como propiedad colectiva y no enajenable (artículo 329), legalizando 28 millones de hectáreas, aproximadamente el 30% del territorio nacional a la población indígena que habitaba en 460 resguardos (Jackson, 2003, p. 138); les otorgó el derecho a elegir sus propias autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres (artículo 330) y reconoció a los territorios indígenas como entidades territoriales (artículo 286), que al ser conformadas por varios resguardos abrieron la posibilidad inédita de organizarse como vastas provincias indígenas (Gros, 1993, pp. 18-19). Para asegurar la presencia indígena en los cuerpos decisorios del Estado, se crearon circunscripciones especiales para las organizaciones indígenas con tres curules reservadas para el Senado y dos para la Cámara de Representantes (artículos 171 y 176). La Tabla 1 incluye un resumen de los derechos de las comunidades indígenas y negras en la Constitución Política de Colombia (1991).

Al no ser elegido un representante por las comunidades afrocolombianas a la Asamblea Constituyente, sus demandas fueron presentadas por los representantes indígenas y otros constituyentes cercanos a su causa, incluyendo el desmovilizado M-19 y la UP. Las comunidades negras apoyaron sus demandas con campañas masivas de presión, incluyendo la toma de edificios, el envío de telegramas desde todo el país, y haciendo lobby con otros constituyentes (Wabgou, Arocha Rodríguez, Salgado Cassiani, y Carabalí Ospina, 2012, p. 161) (Grueso, Rosero, y Escobar, 1997, p. 50).

El Artículo Transitorio 55 de la Constitución, AT 55, reconoció la propiedad colectiva y la identidad cultural de la población negra, cuyo logro fue calificado por Jaime Arocha (2004, p. 635) como una “reparación histórica” hecha permanente por la Ley 70 de 1993, convirtiéndolos en “sujetos de derechos comparables a los que definió el Convenio 169 de la OIT para los pueblos étnicos del mundo”. La Ley 70 de 1993 reconoció a las comunidades negras como grupo étnico con derecho colectivo a sus territorios y a su identidad cultural. Denominó a sus territorios “tierras de comunidades negras”, y exigió formar consejos comunitarios para acceder a la propiedad de tierras colectivas (Artículos 5 y 46).

Otros mecanismos constitucionales, como la tutela y el mecanismo de consulta (Artículo 330) beneficiaron a ambas poblaciones al facilitarles el reclamo de derechos vulnerados, ante una Corte Constitucional que se ha caracterizado por favorecer la protección de sus derechos (Laurent V. , 2018, p. 9).

La Constitución fue un momento de apertura política que les permitió a las poblaciones indígenas y afrocolombianas reclamar nuevos derechos y ampliar los límites de lo que se consideraba posible, favoreciendo el surgimiento de organizaciones políticas en defensa de sus proyectos de vida.

Reclamando los Derechos de Poblaciones Negras en el Periodo Post-Constitucional

Con posterioridad al AT55 se comenzaron a forjar nuevas narrativas acerca del proyecto de vida de las comunidades negras, algunas se adoptaron en la Asamblea Nacional de Comunidades Negras de 1993. Como lo resumen Grueso, Rosero y Escobar (1997, pp. 53-54), ser negro se definió como una “manera particular de ver el mundo, de nuestra visión de la vida”; el territorio, como un “espacio para vivir de acuerdo a lo que pensamos y queremos como forma de vida”, y la autonomía, como “derechos al ejercicio del ser”. Esta narrativa definió un proyecto y un sujeto político cuyo alcance serían definitivos para la negociación del Acuerdo de Paz firmado en el 2016.

El derecho al territorio otorgado por la Ley 70 permitió que las organizaciones comunitarias articularan sus demandas políticas, y fortalecieran su autoridad para decidir sobre sus territorios y recursos (Ruiz-Serna, 2018, p. 13). Para Hernán Cortés, uno de los autores del AT 55, este “originó la movilización social y política más grande en la historia reciente del pueblo negro de Colombia” (Cortés, 2008), citado en Restrepo (2002, p. 39). Óscar Almario (2004, p. 664) describe la construcción del territorio propio posterior a la Ley 70 como una “reforma agraria, étnica y social” llevada a cabo sin recurrir a la violencia en una de las décadas más violentas de Colombia. Para Eduardo Restrepo, el AT 55 no solo definió los procesos organizativos para que las comunidades negras establecieran cientos de consejos comunitarios, sino que además sirvió como mecanismo para la defensa de la tierra de estas comunidades en un momento de despojo y “cerramiento de la frontera” e incluso reivindicar la “cultura negra” en algunas comunidades urbanas (Restrepo, 2002, pp. 48-49). (Restrepo, 2013).

“La tierra no nos la dejáramos quitar, porque la tierra es la madre de uno”, Mamá Cuama

Para Betty Ruth Lozano (2010, p. 18), la ley 70 y la formación de los consejos comunitarios abrieron una oportunidad para que las mujeres negras ejercieran su liderazgo, ya que “éramos las que más le llegábamos a la comunidad” (Beatriz Mosquera). A menudo, esta participación se hizo a costa de la especificidad de sus luchas como mujeres. También labró un feminismo negro y decolonial, cuyos reclamos estuvieron ligados a la “defensa del territorio y la naturaleza” como condición para reproducir la vida y la comunidad. Como ejemplo de este feminismo, Lozano cita el caso de Mamá Cuama, vicepresidenta del consejo comunitario, que con base en la Ley 70, obligó a una excavadora a abandonar el río:

Este feminismo otro cuestionó los planteamientos universalistas del feminismo eurocéntrico y andinocéntrico, lo Este feminismo desde lo propio, que Lozano (ibidem p.22) identifica con un feminismo cimarrón, insurgente y con fuertes raigambres ancestrales, no solo se construye colectivamente, sino que cuestiona los planteamientos universalistas del feminismo eurocéntrico y andinocéntrico, lo enriquece con experiencias locales, reconoce múltiples formas de poder, e incorpora derechos colectivos ligados a la defensa del territorio y la naturaleza.

La Creación de Nuevos Públicos para Reclamar Derechos de los Pueblos Indígenas

Las organizaciones indígenas recrearon estrategias no violentas para sus reclamos políticos, tales como las asambleas, mingas y la guardia indígena. Además, crearon un territorio de paz en La María, Piendamó (Villa & Houghton, 2004, p. 106). La guardia indígena nació de las antiguas guardias cívicas indígenas que colaboraron en las recuperaciones de tierras en los años setenta, fueron hechas permanentes con funciones de control y vigilancia territorial, usando bastones de mando de chonta para simbolizar su autoridad. Otros mecanismos, como las asambleas y “mingas”, también prácticas ancestrales, les permitieron hacer públicas sus demandas, denunciar el incumplimiento de los derechos y rechazar la violencia. Laurent (2018, p. 11) describe cómo el resultado de la toma de la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá en 1996, fue la creación de la Mesa Permanente de Concertación Nacional; y el bloqueo de la carretera Panamericana, en junio de 1999, motivó la firma del Decreto 982 del mismo año, “por el cual el Gobierno Nacional crea una Comisión para el desarrollo integral de la política indígena [y] se adoptan medidas para obtener los recursos necesarios”.

Contra la Violencia, la defensa de la Vida

La ruptura de las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC facilitó la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), quien adoptó como plataforma la doctrina de “seguridad democrática”. Uribe se negó a reconocer la existencia de un conflicto en Colombia, calificándolo como una guerra de “terroristas contra la democracia”, y cerrando las puertas a una negociación política: ante el enemigo, “solo puede haber una respuesta: derrotarlo” (República de Colombia, 2003, p. 6). Como consecuencia, la seguridad triunfó sobre la democracia, estigmatizando y criminalizando la protesta sindical, los partidos de izquierda y las movilizaciones de organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas (Rojas, 2009). Entre los años 2000 y 2004, cuando Colombia exhibía una de las tasas más altas de muertes violentas por 100.000 habitantes (63.7), la tasa de asesinatos en algunos pueblos indígenas superaba esta tasa (Villa & Houghton, 2004, pp. 63-65). De acuerdo con la ONIC, entre el 2003 y el 2012 fueron asesinados 1.063 indígenas (Lozano N. , 2013). Los territorios habitados por indígenas y afrocolombianos exhibieron altas tasas de desplazamientos. Se calcula que tres de cada diez desplazados son afrocolombianos (CONPA, 2016, p. 13). Aurora Vergara-Figueroa (2018, p. xxxi) se refiere a estas comunidades como desarraigadas o “arrancadas de la tierra” al ser borradas de su territorio para ser apropiado por los actores armados.

El conflicto y el desplazamiento de los pueblos étnicos de sus territorios se incrementó con la implementación del Plan Colombia, incluidas las fumigaciones aéreas, las cuales causaron deforestación, destrucción de cultivos de subsistencia, contaminación ambiental y fomentaron alianzas de militares y de economías ilegales con el paramilitarismo (CONPA, 2016, p. 32). (Asher, 2009, pp. 166-173).

Como respuesta a esta violencia, las comunidades indígenas organizaron la “Gran Minga por la Vida y Contra la Violencia”, en junio de 2001, con el objetivo de “construir formas de paz en nuestro proceso de resistencia: hacerlo en minga; hacerlo antes que los problemas crezcan; hacerlo desde la propia realidad cultural y territorial; hacerlo pensando en la justicia, la paz y la naturaleza”, citado en Villarraga (2014, p. 213).

La movilización realizada en septiembre de 2004, en la que 65.000 indígenas y campesinos marcharon durante cinco días, que culminó con el Congreso Indígena y Popular, es descrita por Villa y Houghton (2004, p. 109) como “un acto contra la guerra”, contra el tratado de libre comercio y contra el desmonte de los derechos fundamentales de la Constitución.  La “minga de resistencia social y comunitaria” del 2009 convocó a gremios, iglesias, organismos multilaterales, sindicatos, partidos políticos y medios de comunicación para construir una agenda de paz inclusiva y desde las comunidades y que reconozca la diversidad, “la paz no se decreta, debe ser un proceso social que se construya desde las comunidades, desde las víctimas y con todos los sectores de la sociedad que le apuestan a este derecho. La paz que queremos reconoce la diversidad, es incluyente e integral, se vive cotidianamente y tiene como sostén la justicia social”, citada en Villarraga (2014, p. 215).

“Hace rato hay conflicto armado en Colombia”: presidente Juan Manuel Santos

Con estas palabras, pronunciadas en respuesta a la pregunta de un periodista, el recién posesionado presidente Santos (2010-2018) abrió la posibilidad de una negociación política con las FARC para poner fin a un conflicto de más de 60 años que a esa fecha produjo 262.197 víctimas fatales, 82 por ciento civiles (El Tiempo, 2018) (El Universal, 2011). La apertura a una negociación política no solo brindó una oportunidad para que las FARC “cambiaran las armas por la política”, sino para que ocho millones de víctimas del conflicto adquirieran, entre otros, el derecho a la verdad, a la reparación simbólica y la no repetición por daños sufridos “con ocasión del conflicto armado interno” (mi subrayado). Estos compromisos quedaron consignados en la Ley de Víctimas, Ley 1448 del 20 de diciembre del 2011, convirtiéndose en objetivo central del Acuerdo de Paz (Bermúdez, 2018, p. 28 y 296).Para las poblaciones étnicas, sobrerrepresentadas entre las víctimas del conflicto y con una larga historia de opresión colonial y patriarcal se convino el Decreto Ley 4633 y el Decreto Ley 3645 para las víctimas de pueblos y comunidades indígenas y para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ambos expedidos en el 2011.

El anuncio del presidente Santos de limitar las negociaciones de paz a los dos principales actores del conflicto, el Gobierno y las FARC, con límites a los temas a negociar y a tener las conversaciones en La Habana (Cuba), fue recibido con sentimientos encontrados por parte de las poblaciones y organizaciones étnicas. Ambas dieron la bienvenida a las conversaciones, y reafirmaron su vocación de paz, al mismo tiempo que exigieron su participación en la negociación. Las comunidades indígenas expresaron su “intención política de participar de manera directa en la agenda de diálogo y negociación como un actor político fundamental, sin ceder nuestras voces, para avanzar en la construcción de paz en nuestros territorios y en el país” (CRIC, 2012). Las poblaciones negras crearon en el 2013 el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) para colaborar con la paz y para incidir en los procesos de negociación (CONPA, 2016, p. 23). Francia Márquez, en ese entonces activista por la paz, y hoy vicepresidenta de Colombia (2022-2026), explica por qué las mujeres y hombres de estas comunidades apoyan el proceso de paz:

Para Márquez (ibidem p. 145), el proceso de paz no puede avanzar sin la garantía de participación de los pueblos afrocolombianos y las mujeres, “si se continúa excluyendo y aplicando prácticas racistas por parte del Estado, sin trasformar el modelo económico y político; y menos si se destruyen los territorios y espacios para el Ser”. Tampoco puede avanzar “si las mujeres afrocolombianas continuamos siendo sometidas a tratos crueles y degradantes, si no tenemos las garantías necesarias para la participación real en el proceso de paz, si no se garantiza un Enfoque de género y étnico diferencial”.

No Somos lo que Éramos Antes: ONIC

En una carta enviada a las FARC (ONIC, 2013) cerca de treinta de las organizaciones indígenas afiliadas a la ONIC recuerdan cómo han pasado de una condición colonial que las privó de su pensamiento y gobierno propio, ya que eran consideradas “salvajes sin alma, objetos de estudio o piezas precolombinas de museo” al momento actual que son “actores políticos, sujetos colectivos de derechos”, reconocidos no solo en leyes nacionales e internacionales sino en su “derecho propio y ley de origen”. Les recuerdan también el haber sido víctimas del “exterminio físico y cultural de las FARC”, invitándolos a un diálogo sobre los asuntos que los afectan, como iguales y advirtiendo que pueden contar con “nosotros para la paz nunca para la guerra”.

Por una Paz Más Allá de los Actores Armados: Ustedes no nos Representan

Reunidas en el VII Congreso de la ONIC en La María (Cauca), en octubre del 2012, las comunidades reiteraron su objetivo de construir la paz desde la diversidad. Para Jesús Chávez, consejero mayor del CRIC (CRIC, 2012), “la hora en que otros hablaban por nosotros ya pasó; hoy lo que manifestamos es ese sentir de la construcción colectiva de paz, que nos permita reconocernos y entendernos en la diversidad y construir un verdadero tejido social” (mis itálicas). La lideresa indígena Aída Marina Quilcué (El Espectador, 2012) aclaró que la negociación será en el territorio, “queremos que se dialogue con los que somos víctimas de la guerra en el territorio”.

El VII Congreso enfatizó que la guerra librada es colonial en la que están en juego sus territorios: “la guerra contra nosotros se ha hecho para despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles”. Puntualizan además que es una disputa “por los recursos naturales y la intervención de la gran minería y los macroproyectos, lo que está ocasionando una de las mayores crisis humanitarias en nuestros pueblos”.

Argumentaron que “quienes están en la Mesa de La Habana no nos representan; los llamamos a que no se abroguen el derecho de tomar decisiones por encima de la sociedad civil” (ONIC, CRIC et al, 2012). Citaron la historia colonial que pretendió destruir sus formas de vida, y donde no se contó la voz de sus comunidades. Este argumento ya lo habían hecho en el 2000, ante la exclusión de los diálogos de paz del presidente Andrés Pastrana (1998-2002). Para el CRIC (2000) estaba en juego la opción entre “tener un estado realmente democrático y participativo y garante de una nación diversa, multiétnica y pluricultural”, o un estado homogéneo “desarrollista y enemigo de la diversidad” (mis itálicas). Según el CRIC, limitar la negociación a las FARC y al Estado era optar por la segunda opción, ya que “ambos actores tienen una concepción desarrollista desde arriba”. Para tener “diversidad étnica y ambiental”, propusieron construir desde lo indígena, lo negro y mestizo y lo regional, constituyéndose en “actores con poder en el proceso de solución política del conflicto social y armado”. Más aún, propusieron remplazar una negociación bilateral por una trilateral (CRIC, 2000). Ambas condiciones se harían realidad el 23 de agosto del 2016 (CRIC, 2016), cuando la Mesa de Conversaciones escuchó las propuestas de paz de ambas comunidades, convirtiéndose en “Tercer Actor en la Negociación” (Vega Luquez, 2019). 

“Otra vez sin nosotros” CONPA

En el año 2013, ocho organizaciones afrocolombianas^[3] crearon el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) para coordinar los esfuerzos de construcción y consolidación de la paz y para incidir en los diálogos de La Habana (CONPA, 2016, p. 5). El Primer Congreso de Consejos Comunitarios ratificó la voluntad política y disposición de adelantar acciones conjuntas para atender la agenda interna del Movimiento Étnico Afro y las iniciativas legislativas del Gobierno (PCN , 2013).  CONPA propuso que las autoridades afrocolombianas, bajo su coordinación, tuvieran una audiencia con la Mesa de La Habana. (CONPA, 2016, p. 24).

Sus reclamos se elevaron desde una etnicidad definida por un origen común, prácticas tradicionales de producción, cultura propia, territorios de uso colectivo y un hábitat rural étnicamente diferenciable (ibidem 13).  Identificaron como causas recientes del conflicto, la localización de la región del Pacífico^[4] como corredor estratégico para el narcotráfico, el contrabando de armas y la circulación de actividades ilícitas, la connivencia de los gobiernos locales con los grupos armados y el empobrecimiento y control sobre los diferentes grupos poblacionales y comunidades (ibidem p. 16).

Ampliando la agenda y los públicos para negociar la Paz

Las organizaciones étnicas ampliaron la base para promover la paz, convocando a poblaciones campesinas y urbanas y a los jóvenes, e introduciendo temas relacionados con modelos de desarrollo económico, el medio ambiente, el territorio, y los temas de género y generación. En octubre del 2013 realizaron la Minga Social Indígena y Popular – por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía, con la participación de amplios sectores sociales. La convocatoria incluyó estos temas: i) Territorio; ii) Derechos humanos, autonomía política, jurídica y administrativa; iii) Política económica y agraria; iv) Conflicto armado y paz; y v) Política mineroenergética en el país (ONIC – Autoridades Indigenas, 2013).  Luego de un mes de movilizaciones, el Gobierno y las organizaciones indígenas acordaron medidas para la protección de los Territorios Ancestrales Indígenas y otros temas de política económica, agraria y mineroenergética. En el acta acordada con el Gobierno se aceptó que tres delegados de la Minga ONIC asistieran a una reunión con Humberto de la Calle (jefe del equipo de negociación del Gobierno Nacional) y Sergio Jaramillo (alto consejero presidencial para la paz), con el fin de concretar la visita a La Habana de delegados de la Minga ONIC (Vega Luquez, 2019, p. 27).

Luis Fernando Arias, consejero mayor del CRIC, describe la conversación que produjo el cambio de opinión del consejero de paz Sergio Jaramillo con respecto a la incorporación de los indígenas en las conversaciones sobre la paz. Para el consejero de paz, “La Habana no era una romería donde todo mundo arrancaba para allá […] sino que este era un proceso entre dos enemigos que se habían matado durante 50 años”. En pocas palabras, este era un diálogo entre dos actores iguales en fuerza (uso de las armas) que subvalora la voz indígena al asimilarla a una romería. Recuerda Arias que “nosotros contrargumentamos y el hombre finalmente dijo tres palabras que nunca se me van a olvidar: que encontraba conveniente, necesario y pertinente que una delegación nuestra fuera a La Habana a hablar con ellos”, citado en (Vega Luquez, 2019, p. 27). Es en este momento cuando se acepta a los grupos étnicos como iguales y con capacidad de hablar en la negociación y representar a sus mundos. En pocas palabras, se abrió la política a quienes reclamaron que “ni el Estado ni las FARC nos representan”. Como sostiene el pensador Jacques Rancière (1999, p. 30), son momentos políticos aquellos en que “se cambia el lugar que se le ha asignado al cuerpo, hace visible lo que antes no se veía, y se oye un discurso donde antes solo había lugar para el ruido”.

Otro momento de ampliación del público y de la agenda de negociación fue la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, realizada entre el 15 y el 17 de marzo de 2014 en Bogotá, con la asistencia de treinta mil personas de todas las regiones del país, representando a organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, reunidas alrededor de un pliego único: Mandatos para el buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social. Por una parte, emergieron nuevos actores políticos y horizontes comunes, como fueron las articulaciones entre conceptos de economía propia y la familia, permitiendo vincular lo comunitario, la solidaridad y reciprocidad (García A. y Mantilla M., 2018, p. 382). Por otra parte, como argumenta Laura Quintana (2016, pp. 111-113), los derechos no se limitaron a preservar una identidad originaria, o a pedir la inclusión en orden establecido, sino que buscaron transformar el orden que los ha marginado, como fue la petición del derecho a ordenar el uso del territorio de acuerdo con sus cosmovisiones o principios de justicia.

En el Foro Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas, llamado ¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!, realizado el 12 y 13 de febrero de 2015, presentaron la Agenda Nacional de Paz y se lanzó la campaña coordinada por ONIC: “Yo porto un bastón de mando”, con la meta de tener un millón de portadores del bastón por la paz (Vega Luquez, 2019, p. 31). La Agenda ratificó el llamado a abrir los diálogos para escuchar a los pueblos indígenas, a los afrocolombianos, a los campesinos, a los intelectuales, a los periodistas, a todas las expresiones sociales, proponiendo que “la interculturalidad se teje entre hombres y mujeres, entre quienes somos diferentes, y solos no podemos”. (ONIC, 2015).

CONPA, ONIC, y más tarde la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales se embarcaron en una “diplomacia étnica” para encontrar apoyo en las organizaciones internacionales a su esfuerzo por presionar la apertura a su participación en la negociación. Entre sus actividades se incluyeron visitas al Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Casa Blanca y varias organizaciones de la sociedad civil, incluida WOLA (Washington Office on Latin America). La ONIC lideró la diplomacia con los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas y varias embajadas (Vega Luquez, 2019, pp. 43-44).

Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales

En el informe presentado a la Comisión de la Verdad, Gritos de mujeres por la libertad, la reparación y la memoria (Varios) se describen y analizan los impactos del conflicto armado sobre las comunidades y especialmente sobre las mujeres y niñas negras y su constitución política como actores de paz.  En 1986, las mujeres del municipio de Suárez habían exigido la reparación por los daños causados por la construcción de la represa La Salvajina. En 1997 se movilizaron para evitar la desviación del río Ovejas, con el argumento de que “el río no se negocia”, recibiendo intimidación de actores armados. En el 2014 denunciaron la presencia de retroexcavadoras en sus comunidades, y la pérdida de sostenibilidad de la vida comunitaria como resultado de la minería ilegal, el conflicto armado, el cultivo de hoja de coca y la represa.

La movilización de las mujeres afrocolombianas apunta a la emergencia de una subjetividad política que visibiliza y relaciona las diversas experiencias de dominación patriarcal, capitalista y colonial sobre sus cuerpos y territorios. Experiencias como no poder caminar libremente, el temor a ser asesinada, no poder disfrutar de los ríos, hacen parte de un continuo en la experiencia de dominación que, como ellas lo relatan, se inicia con la presencia de retroexcavadoras en sus territorios, se agrava con la falta de consulta previa, y termina controlando la vida cotidiana por grupos paramilitares y, a pesar de todo, emergen como actoras políticas (Mujeres Negras Caminan, 2014):

Desde este feminismo de las mujeres negras, descrito por Mina-Rojas et al. (2015), la acción política vincula la ancestralidad y la futuridad, el cuidado de la vida y el territorio, el capitalismo y lo comunitario, el género y la generación (nuestras hijas y nuestros hijos también caminan con nosotras) y la opresión con la emancipación. Al mismo tiempo, el mundo no aparece enteramente colonizado por el sistema capitalista global, ni tampoco le es ajeno. La acción política tampoco es ajena a las emociones que operan para sostener el sistema patriarcal centrado en el miedo, y al mismo tiempo para contribuir al florecimiento de la vida (Gómez Correal, 2021, p. 294). 

Alianzas inter-étnicas por la Paz: La Comisión Étnica y la Minga Nacional

La Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales fue conformada el 7 de marzo del 2016 con la participación de ONIC, CONPA y las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia. Un principio rector que guía la Comisión es que “la llave de la paz es también instrumento de nuestra seguridad territorial. La Madre Tierra como víctima exhorta al diálogo intercultural como camino para enriquecer y garantizar los acuerdos y su implementación” (ONIC – CONPA, 2016). La Comisión (ONIC – CONPA, 2016) es la instancia para representar a los pueblos y organizaciones en las actividades relacionadas con las negociaciones de la paz, invocando los derechos adquiridos en la Constitución del 91, que incluyen la identidad, autonomía, participación, territorialidad, ejercicio del gobierno propio y la paz. La Comisión asumió como principio la paridad y la complementariedad entre hombres y mujeres y se comprometió a fortalecer todas las estrategias propias de protección y control territorial de las comunidades, entre ellas la Guardia Indígena y Cimarrona. Además, conformó una delegación para viajar a La Habana y reunirse con las dos partes negociadoras (Vega Luquez, 2019, pp. 46-47).

La Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular por el Buen Vivir, llevada a cabo en junio del 2016, fue clave para lograr la participación de la Comisión Étnica, en las negociaciones de paz. Las mujeres de la Comisión Étnica (CNOA, 2016) emitieron un comunicado dentro del contexto de la Minga Nacional, reclamando que no solo han sido las más afectadas, olvidadas, marginalizadas e invisibilizadas en la historia del país y dentro del conflicto armado, sino también de las decisiones para negociar el conflicto. Recuerdan que desde el 2012 hasta la fecha han expresado su interés de ser escuchadas y ser actoras en la construcción de la paz, sin mayor éxito. Exigen su vinculación y participación formal de la Subcomisión Técnica de Género para proponer las rutas para la implementación y verificación de los acuerdos en sus territorios y comunidades. Si bien la Subcomisión Técnica de Género^[5] fue exitosa en incluir las voces de mujeres y los temas de género en las conversaciones de La Habana, constituyéndose en ejemplo para otros tratados de paz, no facilitó la presencia de mujeres afrocolombianas e indígenas, limitando el alcance en temas relacionados con la violencia, el territorio, desplazamiento o la discriminación (Gruner y Mina Rojas, 2018, p. 215).

Como lo documenta Rodolfo Vega (2019, p. 47), durante la Minga Nacional se aceptó escuchar a los pueblos étnicos en una audiencia en la Mesa de Conversaciones a través del comunicado 73 que anuncia que recibirían el 20 y 21 de junio a veinte representantes de los pueblos étnicos.

La Comisión Étnica va a la Habana y Negocia Exitosamente el Capítulo Étnico

El 14 de julio del 2016 se firmó un Acuerdo entre la Comisión Étnica y el Gobierno para conformar la Comisión Técnica, la cual creó una delegación permanente en La Habana y sesionó entre el 26 de julio y el 5 de agosto con el fin de incluir el Capítulo Étnico en el Acuerdo Final. El relato de lo sucedido hasta la negociación del Capítulo sigue el texto escrito por Rodolfo Vega (2019, pp. 51-62), asesor de paz del CRIC, quien hizo parte de la comisión que viajó a La Habana. 

Una vez acordado el protocolo especial para los puntos que requerían consulta previa en la implementación del Acuerdo, se estableció una jornada de trabajo con la subcomisión de género, y se trabajó en la transversalización del Capítulo Étnico en cada uno de los puntos del Acuerdo. La Comisión Técnica presentó una primera propuesta del capítulo étnico de 20 páginas, la cual se entregó el 16 de agosto a la Mesa de Conversaciones que contó con el apoyo de las FARC.  

Ante el anuncio inesperado del presidente Santos de que las negociaciones terminarían antes del 24 de agosto, se suspendió la subcomisión bilateral, y el texto del Capítulo Étnico quedó reducido a un párrafo. Ante esta situación, la ONIC dio a conocer un comunicado el día 23 de agosto de 2016, que anunciaba el riesgo de exclusión del Capítulo Étnico del Acuerdo Final y se declaraba en asamblea permanente. La Comisión Técnica apoyó el comunicado, y las FARC presionaron e incluso amenazaron con no firmar el acuerdo sin el Capítulo Étnico. El 23 de agosto, el Gobierno invitó a las organizaciones étnicas a La Habana. Una vez en La Habana, la orden era convertir las veinte páginas en cinco. En la comisión, conformada en su mayoría por mujeres, participaron por parte de los pueblos étnicos, Patricia Tobón, Alejandra Llanos y Charo Rojas Mina; por el Gobierno, Elena Ambrosi y Andree Viana; y por las FARC-EP, Jesús Santrich e Iván Márquez. La negociación tripartita sobre el contenido del capítulo culminó una hora antes de la primera firma del Acuerdo Final, “lo que nos convirtió en el tercer actor de la negociación con los pueblos étnicos”, Rodolfo Vega (2019, p. 60).

¿Qué va de las propuestas de las organizaciones al capítulo étnico?

El propósito de este capítulo es arrojar luces sobre las expectativas y logros consignados en el Capítulo Étnico incluido en el Acuerdo Final. La sección se divide en tres partes: (3.1)  con un breve resumen de los lineamientos propuestos y acordados entre el Gobierno y las FARC. La segunda parte (3.2) incluye un resumen de las visiones sobre la paz, formuladas desde las organizaciones (ONIC y CONPA) y por las mujeres de la Comisión Étnica para la Paz,pronunciamientos que formularon con anterioridad a la elaboración del Capítulo Étnico. La tercera parte (3.3) se concentra en el Capítulo Étnico, sus principios, alcances y salvaguardas para proteger los derechos de las comunidades étnicas. Su elaboración se hizo en dos partes: un borrador elaborado por la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales presentó un borrador de veinte páginas del Capítulo Étnico (Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, 2016-08-11). La versión final que aparece como 6.2 Capítulo Étnico en el Acuerdo Final (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016, pp. 206-209) que tiene cuatro páginas.

Lineamientos Generales del Acuerdo Final

El gobierno del presidente Santos se propuso lograr dos objetivos con la negociación del Acuerdo Final: el primero, terminar un conflicto con las FARC que había durado 60 años y había dejado ocho millones de víctimas. Como lo resumió el mismo presidente, “no se discute el sistema político o el modelo económico sino las condiciones para que la guerrilla pueda desmovilizarse e ingresar en la vida democrática. Que las FARC cambien las balas por votos”, citado en (González Muñoz, 2015, p. 254 n. 20). El segundo objetivo fue lograr una paz “estable y duradera” definida como la integración de las partes que antes estuvieron en conflicto, y que permitiera a la sociedad “emprender proyectos conjuntos que eviten la recurrencia de la violencia y preserven esa convivencia”. El proceso de negociación se diseñó en tres fases consecutivas, una de exploración donde se establecieron la agenda y reglas del juego. Esta fase se inició en febrero del 2012. En agosto, el Gobierno y las FARC acordaron el inicio de la negociación y firmaron una Agenda. La fase de diálogo se inició en noviembre del 2012 entre el Gobierno y las FARC y terminó en agosto del 2016 cuando se cerró oficialmente la negociación y en septiembre se firmó el Acuerdo. La fase de construcción de paz se inició con la firma del Acuerdo. En esta etapa se previó la participación de todos los colombianos (Bermúdez, 2018, p. 40).

Los seis puntos a negociar incluidos en el Acuerdo fueron: 1) Política de desarrollo agrario integral, 2) Participación política, 3) Fin del conflicto, 4) Solución al problema de drogas ilícitas, 5) Víctimas y 6) Implementación, verificación y refrendación.

¿Qué paz lograr?

Las comunidades étnicas, desde el primer minuto hasta el último, apoyaron las negociaciones de paz. Su desacuerdo se centró en lo que para ellas significa una paz “estable y duradera”, especialmente en relación con obtener garantías a su pervivencia como comunidades, con sus propias cosmovisiones y proyectos de vida. A continuación, se resumen los argumentos sobre lo que las comunidades percibían que estaba en juego en la negociación de paz, con base en las propuestas contenidas en estos cuatro documentos:

• ONIC, Propuesta de los pueblos y organizaciones indígenas de la ONIC para la construcción de la paz a la Mesa de Conversaciones de La Habana, junio 26, 2016.
• CONPA, Agenda de paz afrocolombiana, 2016.
• Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Pronunciamiento mujeres de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales en Minga Nacional, junio 7, 2016.
• CNOA, Pronunciamiento mujeres de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales en Minga Nacional, junio 6, 2016.

Como lo manifiesta la ONIC (2016), la violencia y resistencia indígena se remontan a la colonia “nuestra historia es una historia de resistencia, desde la llegada de los españoles hasta nuestros días… Hemos resistido a las guerras de la invasión europea, de la etapa de la conquista, la república, a las guerras civiles como la de 1948 y al conflicto armado de las últimas décadas… pero al final hemos sido excluidos y muy poco beneficiados de los pactos políticos que surgen de la guerra”. A pesar de esta lucha “por mantener y afianzar el legado de nuestros pueblos”, los pueblos indígenas, como lo comunicó la Corte Constitucional en varias oportunidades, están en “riesgo de desaparición física y cultural y al borde de un genocidio”. Citando la vulnerabilidad y riesgo de exterminio físico y cultural de 67 pueblos indígenas, es decir el 68,3% de los 102 existentes. Su demanda es por una paz para la convivencia, en armonía con la madre tierra, y territorial.

La paz es convivir en la diversidad

Para la ONIC, una paz sostenible y duradera debe “generar condiciones para la pervivencia de los pueblos indígenas”. El modelo económico de destrucción y despojo ha dejado una “aguda crisis humanitaria y vulneración masiva de los derechos humanos en los pueblos indígenas”.  Frenar el impacto de estas condiciones sobre sus pueblos demanda su inclusión como actores para “hacer confluir esa diversidad de pensamientos, culturas y visiones en un territorio donde quepamos todos y todas”.  Para la ONIC, en la Mesa de Conversaciones hay visiones distintas sobre el Estado y su modelo económico. Pero no son las únicas, y “dejar por fuera otras visiones no contribuye a la paz real y efectiva”.

CONPA considera que el Acuerdo de Paz tendrá legitimidad y aceptación, si es discutido con las organizaciones étnicas, sus líderes y autoridades tradicionales. Especialmente porque los pueblos negros han aportado a la construcción de este país, y han padecido grandes injusticias causadas por el conflicto armado, incluyendo el saqueo, desplazamiento, genocidios y ecocidios a que han sido sometidos y resultado de la presión sobre sus territorios por todos los actores armados (CONPA, 2016, p. 15).

Las mujeres de la Comisión Étnica (CNOA, 2016) manifiestan que no solo han sido las más “marginalizadas e invisibilizadas en la historia del país” sino que también han sido excluidas de las negociaciones de paz. Para ellas, el reconocimiento y respeto a la diversidad es “el camino que contribuye al establecimiento de una paz real, reparadora para toda la sociedad colombiana, y en especial para las comunidades más afectadas por su ausencia, nuestras comunidades negras e indígenas”. Para las mujeres, la victimización resulta de estructuras patriarcales, en un “conflicto, pensado, liderado y mantenido por hombres, en una lógica patriarcal y machista” (CONPA, n.d., pp. 25-26). Se relaciona también con las prácticas de dominación, que ejercen sobre sus cuerpos los actores en guerra a través de la esclavización sexual y doméstica, tortura y persecución política para que abandonen el territorio (C.N.O.A., 2015). Finalmente, se relaciona con la manera como los sistemas de producción tradicionales han sido debilitados por la guerra, por lo cual la recuperación del campo debe pasar por la recuperación y el fortalecimiento de prácticas tradicionales como la finca tradicional, las azoteas, la producción de productos propios, desde los conocimientos y decisiones colectivas de las comunidades, a través de la aplicación del derecho a la consulta previa (CONPA, n.d., p. 28). Concluyen que, como constructoras de paz, las mujeres ponen a disposición del proceso de paz “prácticas ancestrales en resolución de conflictos, nuestro deseo de ser reconocidas en la diferencia y el interés de incursionar en escenarios de decisión e incidencia política de otra manera” (C.N.O.A., 2015).

La Paz es vivir en armonía con la madre tierra

Según la ONIC, la experiencia de conflicto y vulnerabilidad de las comunidades es “efecto de la acumulación desmedida, pero también de la exploración y explotación irresponsable de los recursos naturales; la anteposición de los intereses particulares a los comunitarios”. Más aún, para la ONIC, “de nada vale silenciar hoy las armas si mañana destruimos el planeta. Temas como el calentamiento global, la minería y la protección ambiental, el abandono estatal y el despojo territorial tienen que ser abordados. Es la única forma de construir la paz grande, la paz verdadera, la paz sostenible”.

CONPA llama a abordar las causas estructurales del conflicto, entre las cuales menciona el aumento de concesiones mineras en territorios étnicos –sin consulta y consentimiento previos– la exploración y explotación ilegal de minas ancestrales de comunidades negras e indígenas; la fumigación de territorios que destruye la biodiversidad y envenena los ríos; la militarización estatal de territorios y macroproyectos de desarrollo (CONPA, 2016, p. 50).

Las mujeres de la Comisión Étnica se consideran “emisarias de propuestas propias y milenarias para el buen vivir, el cuidado de la vida y un presente digno y futuro honroso para nuestras hijas e hijos”. Sus planteamientos políticos incluyen la movilización por “el cuidado de nuestros territorios ancestrales, del agua y la Madre Tierra en su integralidad, nos movilizamos en contra de la minería ilegal e inconstitucional, contra las múltiples formas de violencia física y estructural que nos afectan de manera específica a las mujeres, nuestros hijos(as) y sus comunidades”.

La paz es territorial

El Gobierno (Jaramillo, 2014), las mujeres y organizaciones étnicas coinciden en la territorialidad de la paz. El problema, como lo plantea CONPA, (2016, pp. 57-61) son las maneras “casi irreconciliables” sobre lo que cada uno entiende por territorio. Estos malentendidos afectan las propuestas de paz. Así, cuando el Estado habla de “tierras inoficiosas o no explotadas” para las comunidades negras es “territorio cuidado”. Agrega que “el territorio es el espacio vital, el lugar donde se es y se Existe como seres humanos y como pueblos. Esto quiere decir que el territorio es el elemento estructurante de nuestra identidad como pueblo”. CONPA invita a discutir y concertar desde qué lógicas y sistemas de vida se va a hacer el ordenamiento territorial. Su propuesta es “pensar el territorio como espacio existencial”, así, “ordenar el territorio supone al mismo tiempo repensar el país, pues éste no será el mismo después que antes de la finalización del conflicto”. (ibidem p. 59). Las mujeres entienden por territorio el espacio de vida donde conviven los seres humanos y la naturaleza, cuestionando propuestas que no contemplan la relación armónica y respetuosa con la naturaleza (ibidem p. 28).

Expectativas y Logros del Capítulo Étnico:

El borrador del Capítulo Étnico menciona las condiciones históricas que vulneran los derechos de los pueblos étnicos a vivir en libertad, paz y como pueblos distintos y el aporte de las comunidades a la paz y al bienestar del país. Las organizaciones esperan acciones y medidas que garanticen la “no repetición y la construcción de una paz desde la diversidad, los derechos colectivos y las reparaciones integrales y diferenciales” (ONIC, 2016). En las consideraciones del Capítulo Étnico se reconoce la contribución de los pueblos étnicos a la construcción de la paz, al progreso, desarrollo económico y social del país. Se mencionan las condiciones por las que se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos, como son: las condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo y la esclavización, y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; así como la manera como el conflicto armado interno los ha afectado de manera desproporcional.  

Principios

Los siguientes principios aparecen en el primer borrador del Capítulo Étnico (Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, 2016):

• Autodeterminación, unidad y gobierno propio de los pueblos étnicos: Implementará con respeto irrestricto al derecho a la autonomía, la autodeterminación y unidad de los pueblos étnicos, garantizando el ejercicio de los derechos territoriales, los sistemas de gobierno, justicia y dinámicas organizativas y culturales propias.
• No regresividad ni vulnerabilidad a los derechos colectivos étnicos: Los compromisos y desarrollos derivados del Acuerdo no podrán ser regresivos, restrictivos ni vulnerarán los derechos territoriales, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades étnicas en el marco de la Ley de Origen, el Derecho Mayor, Derecho Propio y en las normas nacionales e internacionales.
• Integridad cultural, identidad, espiritualidad y afirmación del ser: La cosmovisión, identidad, espiritualidad, conocimiento propio, el sentido y prácticas de territorialidad colectiva y ancestral, la objeción cultural y espiritual, y el consentimiento de los pueblos étnicos serán respetados, restablecidos, fortalecidos y protegidos integralmente.
• Territorio y territorialidad: La propiedad y posesión territorial en los pueblos étnicos es concebida como espiritual, ancestral, colectiva e integral.
• Verdad, justicia, reparación y no repetición: Priorizar a la población y territorios más necesitados, los que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos.
• La participación de los pueblos en las decisiones que les afecta a sí mismos y al País: En ejercicio del derecho a la autodeterminación, los pueblos y comunidades étnicas tienen derecho a decidir sobre su propio destino, determinar las prioridades para el desarrollo y/o buen vivir.
• Perspectiva Étnica y Cultural: Reconocer la existencia de diferentes cosmovisiones de los pueblos étnicos en el territorio nacional, las cuales se expresan en formas propias y diversas de: espiritualidad, autoridades y gobiernos tradicionales, organización familiar, social y política, relación con el territorio y ambiente, prácticas de producción y economía para el buen vivir, visiones propias sobre el desarrollo, relaciones entre hombres y mujeres desde la paridad y complementariedad y relaciones de hermandad entre pueblos.
• La paridad, dualidad y complementariedad: Las mujeres gozarán de medidas específicas para fortalecer su autonomía, organización e identidad, garantizando el respeto a sus derechos individuales y colectivos y la participación plena en el Acuerdo.
• Integralidad: Los acuerdos deberán contribuir a la relación de equilibrio y armonía constante entre todos los seres de la naturaleza y todos los procesos de los pueblos étnicos, incorporar medidas y acciones transformadoras, justas y adecuadas, dirigidas a fortalecer la autodeterminación y las autoridades propias, lo cual garantiza el desarrollo de sus planes de vida, etnodesarrollo y sus equivalentes en los territorios.

La versión final del Capítulo Étnico incluye en forma resumida estos principios y el reconocimiento que de ellos se hace en la legislación internacional, constitucional, jurisprudencial y legal y nacional. Se hace referencia específica al principio de no regresividad, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la discriminación racial, y las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas y tribales. Se reconocen además los principios de libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente.

Salvaguardas y Garantías

El CEl Capítulo Étnico establece salvaguardas para asegurar la pervivencia física y cultural de los pueblos y contribuir a fortalecer sus derechos colectivos. Las salvaguardas sirven de parámetros para interpretar la implementación de los Acuerdos de Paz en los territorios de los pueblos y comunidades étnicas. Piden “respetar el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada”.

El Capítulo Étnico establece dos nuevas salvaguardas:

• El derecho a la objeción cultural como Garantía de No Repetición, siempre que procedan. Este derecho tiene como referente la objeción de conciencia. Según Vega (2019, p. 88) “significa que los pueblos étnicos podrán desconocer las leyes y mandatos occidentales cuando consideren que contradicen sus fundamentos culturales y espirituales”.
• El enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación. Desafortunadamente esta salvaguarda no se desarrolla en detalle en el Capítulo. Estos principios se acordaron en la Declaración 001 del 8 marzo del 2016, donde “se exalta la complementariedad, el equilibrio, armonía entre mujeres y hombres y el respeto a las cosmovisiones y las dinámicas de cada grupo étnico”, citado en (Comisión Étnica para la Paz, 2017).

Se establece que en ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos.

Salvaguardas para los Distintos Puntos del Acuerdo

El Capítulo Étnico es transversal, ya que incluye salvaguardas para cada uno de los puntos del Acuerdo Final (Gobierno de Colombia, 2016) (Caballero-Fula, 2016).

Punto 1: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral

En la implementación del punto sobre RRI se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas.

• Garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente.
• Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas.
• Inclusión pueblos étnicos en medidas de acceso a tierras. La adjudicación y formalización se hará para constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia.
• Se entenderá que para el caso de los pueblos étnicos la función ecológica de la propiedad y las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se anteponen a la noción de inexplotación.
• Participación de los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones representativas en la creación de mecanismos para la resolución de conflictos de uso y tenencia.
• Programas de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET): mecanismo especial de consulta para implementación de los PDET en territorios indígenas, con el fin de orientarlos a los planes de vida y etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial, o su equivalente en los pueblos étnicos.

Punto 2: Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz

• Se garantizará la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen en el marco de la implementación del Acuerdo Final, en particular las consagradas en el Punto 2 y las instancias de planeación participativa.
• Se tomarán medidas para garantizar la participación de los pueblos étnicos en las listas de las circunscripciones territoriales especiales de paz, cuando coincidan con sus territorios.

Punto 3: Garantías de Seguridad

• Para el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios se incorporará perspectiva étnica y cultural.
• Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia cimarrona.

Punto 4: Solución del problema de drogas ilícitas

• Garantiza la participación y consulta de las comunidades y organizaciones étnicas representativas en el diseño y ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), así como en los Planes de Atención Inmediata (PAI).
• El PNIS respetará y protegerá los usos, costumbres y consumos culturales de las plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito. No se impondrán políticas sobre usos del territorio y recursos naturales presentes en ello.
• En priorización territorial se tendrán en cuenta los territorios afectados por cultivos de uso ilícito de los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico y cultural o en riesgo de extinción, así como los pueblos étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento.
• Para el desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional se atenderán casos identificados como prioritarios.
• Desarrollar un programa con participación de organizaciones representativas de los pueblos étnicos para asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, el pueblo Embera Katío del Alto San Jorge resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera y Curvaradó y Jiguamiandó.

Punto 5: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto

• El diseño de este sistema respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial.
• En el diseño de los mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados se incorporará la perspectiva étnica y cultural.
• Se garantizará la participación y consulta de estos mecanismos cuando corresponda.
• Se crearán mecanismos para la articulación y coordinación de la Jurisdicción Especial para la paz con la jurisdicción especial indígena y, cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas.
• Se concertará con las organizaciones representativas de los pueblos étnicos un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos pueblos.
• Se concertará una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de los principios de no discriminación racial y étnica de las mujeres, jóvenes y niñas desvinculadas del conflicto.

Punto 6: Implementación y Verificación

• Se creará una Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos.
• La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR).
• La participación en la instancia por parte de las organizaciones indígenas no implicará detrimento de las funciones y atribuciones que tengan instancias de gobierno propio y de participación que ya existen.
• Las fuentes de financiación para la implementación de los acuerdos no involucrarán aquellos acuerdos en materia presupuestal que ya se hayan realizado entre el Gobierno nacional y los pueblos indígenas y afrocolombianos, consignados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente y demás políticas consultadas y concertadas.

Sometido a votación el 2 de octubre de 2016, 50,2 por ciento de los ciudadanos rechazaron el Acuerdo. En este momento, las comunidades étnicas realizaron una marcha en Bogotá de más de cincuenta mil manifestantes, gritándole a Colombia y al mundo: “Los pueblos indígenas queremos la paz”, “Para que florezca la paz, ¡¡¡Acuerdo Ya!!!”, “Acuerdo firmado, Acuerdo respetado”. Durante el proceso de renegociación que le apostó a la construcción de un nuevo Acuerdo de Paz, las FARC y el Gobierno se reunieron nuevamente en La Habana y realizaron ajustes y precisiones a los diferentes puntos acordados, salvo por el Capítulo Étnico, cuyo texto se mantuvo intacto y así quedaría reflejado en el nuevo acuerdo que las partes firmaron y fue refrendado a través del Congreso en noviembre de 2016.

A la luz de lo descrito, el Capítulo Étnico expresa una oportunidad para el reconocimiento de los impactos diferenciados del conflicto armado en los pueblos étnicos y así mismo, para la consolidación de un esquema de garantías para estos pueblos que les permita el ejercicio pleno de derechos en un escenario de posacuerdo, conforme a sus propios intereses y cosmovisiones y como sujetos activos frente a la construcción de paz y desarrollo del país. El abordaje y análisis sobre los avances y retos en la implementación de este acápite del Acuerdo de Paz merecen un capítulo aparte en donde puedan valorarse las dimensiones centrales de dicha implementación, incluyendo: (i) los desarrollos en el trabajo de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de cara al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo Étnico, (ii) el balance de los mecanismos de verificación y seguimiento respecto al alcance y nivel de cumplimiento en la implementación del Acuerdo, y (iii) la labor adelantada por los líderes/lideresas y organizaciones étnicas respecto a la implementación del capítulo y su seguimiento, entre otros componentes.