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Sentencia C-527 de 2017 mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del Decreto ley 894 de 2017 “por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Este decreto ley cuenta con un total de 8 artículos, y tenía por objeto la implementación de capacitaciones para fortalecer las competencias de todos los servidores públicos que se encuentren en los municipios en los cuales se llevarán a cabo los programas de implementación del Acuerdo Final. Para tal fin, dispuso que los empleados de carrera tendrían prelación frente a los provisionales en caso de escasez de presupuesto, y autorizó la desconcentración de funciones a nivel territorial de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) hacia otras entidades que debían realizar los procesos de selección atendiendo criterios diferenciales por las características sociales, económicas y culturales de cada población. La Corte declaró la exequibilidad simple del articulado del decreto ley bajo estudio, al considerar que la capacitación de todos los servidores públicos, independientemente de su vinculación, desarrolla los artículos 53 y 54 de la Constitución y garantiza un servicio público adecuado en aquellas zonas afectadas por el conflicto armado interno. No obstante, declaró la exequibilidad condicionada con relación a otros asuntos.
