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Desde 2016, la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) desarrolla un proceso judicial sin precedentes para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. En siete años de trabajo, ha imputado a más de 304 personas por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellas 24 generales retirados del Ejército y los siete integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP. Este recorrido ha permitido llegar a un punto histórico: la emisión de las primeras sentencias. A la fecha, los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc-EP y 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ recibieron ocho años de Sanción Propia, la máxima prevista por el Acuerdo Final de Paz y la Constitución cuando hay aportes de verdad y reconocimiento de responsabilidad. Estas sanciones se cumplirán mediante Trabajos, Obras y Actividades con contenido restaurador en favor de las víctimas de secuestro y de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe, respectivamente. A través de 11 macroinvestigaciones, la JEP viene reconstruyendo cómo actuaron y se articularon los responsables de los crímenes más graves del conflicto armado, quiénes tomaron las decisiones y cuáles fueron los impactos sobre miles de víctimas y territorios. Este esclarecimiento está permitiendo pasar del silencio a la verdad judicial, con decisiones orientadas a tratar de aliviar el daño causado y a contribuir a la no repetición.
