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Desde 1993, el Bloque Caribe de las extintas Farc-EP tenía la tarea de controlar territorios en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y la ciudad de Barranquilla. En esta zona del país, también buscó controlar las vías principales para aislar centros urbanos del Caribe. Para lograrlo, sus integrantes secuestraron a personas señaladas como colaboradoras de sus enemigos o que no se sometían a sus reglas. Se trata de un patrón criminal sobre el que no existía mayor información en la justicia ordinaria. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, encargada de la investigación, encontró que las personas secuestradas fueron víctimas de otros crímenes durante el cautiverio, como tortura, tratos crueles y degradantes e incluso violencia sexual.
