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Sentencia C-007 de 2017 mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Amnistía, Indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Esta ley tenía por objeto regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con estos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. La Corte declaró la exequibilidad de la mayor parte de la Ley 1820 de 2016, al considerar que la concesión de beneficios penales como los implementados por ella han sido frecuentemente utilizados en contextos de transición y son una herramienta útil para la búsqueda de una paz negociada. Además, explicó que el derecho internacional no prohíbe la condición de amnistías para cualquier delito, sino tan solo impone restricciones tratándose de las vulneraciones más graves a los derechos humanos. En este sentido, la Corte constató que distintas normas de la ley revisada (en particular, los artículos 23 y 46) prohíben el otorgamiento de beneficios penales que extingan la acción penal contra vulneraciones de derechos humanos particularmente graves, con lo cual el marco jurídico de las amnistías se ajusta, en principio, al DIH.
