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Sentencia C-516 de 2017 mediante la cual la Corte revisó el Decreto ley 883 de 2017, “por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”. El objetivo de este decreto ley, compuesto por tres artículos, es que las empresas extractivas con concesiones legalmente otorgadas y las empresas portuarias calificadas como grandes contribuyentes y con concesión legalmente otorgada destinen hasta el 50% del impuesto sobre la renta de su respectiva declaración a la modalidad de “pago de obra por impuesto”. La Corte declaró la exequibilidad condicionada del articulado del decreto ley bajo estudio, en el entendido de que las inversiones en infraestructura física que pueden realizar las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria en virtud a concesiones legalmente otorgadas no deben tener relación de causalidad con su actividad generadora de renta y no deben corresponder a las que dentro del giro ordinario de sus negocios deban ejecutarse en virtud de mandato legal, acto administrativo o decisión judicial.
