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Sentencia C-644 de 2017 mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del Decreto ley 870 de 2017, “por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”. Esta norma tenía por objeto establecer las directrices para los pagos por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, con el propósito de permitir el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y restauración. Se declaró la exequibilidad de la mayor parte del Decreto ley 870 de 2017, al considerar que persigue el cumplimiento de los deberes del Estado derivados de la constitución ecológica, con autonomía de las entidades territoriales. Condicionó la exequibilidad de algunas expresiones, y anotó que cuando se pretenda realizar un proyecto de pago por servicios ambientales, la autoridad ambiental competente debe avalarlo, ya que de esa forma puede adelantar el seguimiento y monitoreo de las obligaciones impuestas en la respectiva autorización ambiental.
