VOLVEREl escenario de negociaciones de paz desplegado en Colombia entre 2010 y 2016 involucró la puesta en escena de diferentes medidas por parte del Estado colombiano con la finalidad de garantizar condiciones y facilitar el desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno y las FARC-EP. Estas medidas incluyeron desde la expedición de normas hasta la creación de entidades con responsabilidades específicas en la implementación del Acuerdo Final. El escenario de estos años contaba con algunos antecedentes importantes, entre ellos: (i) la existencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, adscrita a la Presidencia de la República, que entre sus funciones tenía la de adelantar conversaciones de paz con grupos alzados en armas; (ii) el funcionamiento de un Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz) como brazo operativo y financiero de la oficina de paz; (iii) leyes de orden público que se expedían desde finales de la década de los noventa y que se actualizan cada cuatro años, que proveían un marco normativo y definían los términos y condiciones para adelantar estas conversaciones; (iv) una ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) que reconocía la existencia del conflicto armado y sus impactos, y que definía la política de reparación a las víctimas; y (v) un Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2012) que definía criterios en materia de justicia frente a grandes violaciones de derechos humanos como las ocurridas en Colombia luego de décadas de violencia.
Durante la fase secreta y la fase pública de las negociaciones (2010-2016), se desplegaron diferentes medidas institucionales con la finalidad de facilitar las conversaciones y las decisiones que las partes iban tomando conjuntamente, así como de preparar el eventual escenario de implementación del Acuerdo Final que alcanzarían las partes. Muestra de ello son los actos administrativos que reconocían formalmente la participación de integrantes del Gobierno y las FARC-EP dentro de las conversaciones (en el caso de FARC-EP, permitían la suspensión de sus órdenes de captura) o para la ejecución de algunas medidas de construcción de confianza (pilotos de desminado o sustitución de cultivos de uso ilícito), así como la creación de entidades que tendrían roles claves en la implementación de un acuerdo final como la Alta Consejería para el Posconflicto o la Agencia de Renovación del Territorio (encargada de implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET del punto sobre reforma rural).
Además de prepararse para la implementación de un acuerdo, instituciones como la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz avanzaban, en paralelo a las conversaciones de paz, en el cumplimiento de su misión, fuese esta en materia de reparación a víctimas, investigación de lo ocurrido en el marco del conflicto o desarrollo de actividades orientadas a la pedagogía, la reconciliación y la convivencia en el país, respectivamente. Para la Fase de implementación de lo acordado (2016 en adelante), se desarrolló un gran conjunto de normas (gracias a facultades presidenciales extraordinarias y a un procedimiento legislativo especial), además de ajustes a entidades y nuevos arreglos institucionales, con el propósito de dar cumplimiento a lo que prevé el Acuerdo Final en los diferentes puntos.
En esta sección podrá encontrar algunos análisis y reflexiones sobre las medidas y recursos desplegados por el Estado colombiano para facilitar el escenario de conversaciones que se desarrolló en Colombia durante los últimos años y la implementación de lo acordado.
