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Los retenes ilegales se convirtieron en una práctica sistemática del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP tras la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993, cuando se consolidó esta estructura y se le ordenó intentar ejercer control sobre las principales vías de la región Caribe para aislar ciudades como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Valledupar, así como zonas estratégicas de La Guajira en la frontera con Venezuela. En la investigación, la JEP documentó que la mayoría de las víctimas fueron secuestradas con fines económicos, pero que algunas también lo fueron en medio de campañas políticas de las Farc-EP o utilizadas como carnada para provocar enfrentamientos con el Ejército Nacional.
