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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró el mes de abril de 2026 con un conjunto de decisiones que reflejan con nitidez la madurez institucional alcanzada por el sistema transicional colombiano: precisión conceptual en la articulación entre justicia ordinaria y justicia transicional, firmeza frente al incumplimiento del régimen de condicionalidad y compromiso irrenunciable con la preservación de la memoria histórica como componente esencial del derecho a la verdad. Todo ello, en un momento en que la consolidación jurisprudencial de los principios rectores del Sistema Integral para la Paz (SIP) resulta decisiva para garantizar que los compromisos del Acuerdo Final no sean letra muerta para las víctimas y la sociedad colombiana.