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El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo en 2016 para poner fin a su conflicto armado de 52 años. El acuerdo brinda una oportunidad histórica para frenar los abusos contra los derechos humanos, pero su componente de justicia contiene graves deficiencias que corren el riesgo de dejar que los criminales de guerra escapen de la justicia. Al momento de escribir este artículo, la Jurisdicción Especial para la paz, el sistema judicial que los partidos crearon para juzgar los abusos cometidos en tiempos de guerra, aún no se había establecido. En este informe Human Rights Watch realizan un balance sobre la situación de Colombia a enero de 2018. Desarrollan los siguientes subtítulos principales: 1. Guerrilla, 2. Paramilitares y sucesores, 3. Abusos por parte de las fuerzas de seguridad pública, 4. Negociaciones de paz y rendición de cuentas, 5. Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, 6. Desplazamiento Interno y restitución de tierras, 7. La violencia de género, 8. Orientación sexual e identidad de género, 9. Derechos indígenas, y 10. Actores internacionales clave
