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«Por medio del cual se establece el procedimiento para dar cumplimiento a lo señalado en los parágrafos transitorios 3A y 38 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016, y adicionados por el Decreto Ley 900 de 2017». El decreto faculta a la Policía Nacional para que, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, y conforme con la información entregada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, actualice la base de datos de órdenes de captura y registre la suspensión de la ejecución concedida en virtud del Decreto Ley 900 de 2017.
