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Tras casi siete años de haber iniciado la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, y a un año del Gobierno Petro, preocupa el deterioro de la seguridad, especialmente para reincorporados y líderes sociales, la lentitud de la indemnización a las víctimas, el estancamiento en la ruta de reparación colectiva, la baja ejecución de recursos en entidades clave para la implementación y el incumplimiento en la ejecución del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Estos son los principales hallazgos del más reciente informe multipartidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo, elaborado por miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) a través del proyecto Del Capitolio Al Territorio. Esta iniciativa ha apoyado, durante los últimos cinco años, la función de control político del Congreso a partir del seguimiento a indicadores de las políticas que desarrollan el Acuerdo e información recolectada en 39 visitas a los municipios más afectados por la violencia.
