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El Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP, como otras estructuras de la extinta guerrilla, debía financiar sus operaciones. Además, tenía la obligación de enviar 2 millones de dólares al secretariado cada dos años. Para cumplir con esa exigencia de los comandantes, recurrieron al narcotráfico, la minería ilegal y también al secuestro extorsivo. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que las personas secuestradas fueron víctimas, además, de otros crímenes durante el cautiverio como tortura, tratos crueles e inhumanos e incluso violencia sexual. Asimismo, en el proceso judicial se documentó que muchas de las víctimas no tenían los recursos para pagar los montos exigidos por su liberación, lo que aumentó el sufrimiento de sus familias.
