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La expedición de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 o Ley de Amnistía (LA) fue pactada por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el acuerdo de paz, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición (SIVJRNR). Es decir, la LA fue concebida como uno de los mecanismos de Justicia Transicional que no solo debería permitir el tránsito de los integrantes de las FARC-EP a la vida civil, sino también facilitar la reconciliación. Por esta razón, la LA no se dirige únicamente a los antiguos rebeldes, ahora desmovilizados, sino también a todos los que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado,2 lo cual incluye agentes del Estado, tanto miembros como no miembros de la Fuerza Pública, y civiles que apoyaron a las partes antes enfrentadas. Incluso, la LA tiene aplicación frente a personas (civiles) que, si bien no participaron en el conflicto armado, incurrieron en hechos punibles en el marco de disturbios internos o en el ejercicio de la protesta social. Dada la complejidad de esta ley, el objetivo de este Policy Brief es presentar un breve resumen explicativo de su contenido, para, posteriormente, señalar algunos puntos críticos que deben ser objeto de una reflexión cuidadosa por parte de quienes participan en su aplicación. Sobre esta base, finalmente, se propondrán algunas recomendaciones.
