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Este artículo sopesa los posibles modos y objetivos políticos opuestos de castigar a los miembros de las FARC por crímenes graves en el contexto de las negociaciones de paz en curso en Colombia. Sostiene que el castigo debe ocurrir de una manera que no dañe uno de los objetivos subyacentes del proceso de paz, transformar a las FARC de un grupo insurgente a un actor político. Según el documento, para cumplir los objetivos políticos: 1) los juicios deben ser públicos, accesibles, transparentes y serios; 2) el castigo debe incluir la posibilidad de que los infractores se reúnan con las víctimas para que puedan expresar su sufrimiento; y 3) las medidas de castigo deben incluir consecuencias desagradables, como sanciones financieras, confiscación de activos, exclusión temporal de cargos políticos y órdenes de servicio comunitario, así como medidas reformadoras.
