La terminación del conflicto armado, como objetivo último del proceso de paz, se discutió entre junio de 2014 y agosto de 2016. Se abordó como tercer punto del Acuerdo Final, centrándose en elementos como el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. Uno de los elementos más complejos fue la dejación de armas por parte de las FARC-EP, condición indispensable para su transición a partido político dentro del sistema democrático.
El punto 3 contiene acuerdos sobre el cese al fuego y a las hostilidades, la dejación de armas, la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y las garantías de seguridad. Con estos acuerdos se busca ponerle fin al conflicto armado, garantizar el tránsito efectivo de las FARC‐EP de organización armada a partido o movimiento político y generar condiciones para evitar nuevos brotes de violencia y nuevas víctimas de la guerra.
La aproximación a los temas de este punto parte de la premisa de que para solucionar los problemas que permitieron que el conflicto armado se prolongara por más de cincuenta años se requiere del silenciamiento de los fusiles y de la generación de condiciones mínimas de seguridad que permitan la transformación de aquellos territorios afectados históricamente por la confrontación armada.
Para ponerle fin al conflicto, se abordaron las siguientes cuestiones esenciales:
- Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, y dejación de armas
El objetivo era un acuerdo que condujera a la terminación definitiva del conflicto, no a su prolongación o regulación, lo que necesariamente implicaba un proceso de dejación de armas serio y efectivo.
Con base en las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de más de cincuenta procesos de este tipo en el mundo, se construyó un modelo, colombiano y para los colombianos, que observara las realidades del país, las de sus comunidades —especialmente en los lugares más afectados por el conflicto—, las condiciones topográficas, de seguridad y de institucionalidad, y que tuviera en cuenta las particularidades derivadas de la presencia de las FARC‐EP en algunos territorios.
La composición, doctrina o funcionamiento de la fuerza pública no fue objeto de discusión, a diferencia de otros procesos en el mundo, y se le dio un tratamiento riguroso a la definición de los estándares internacionales de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), con el fin de preservar la legitimidad institucional, en particular de la fuerza pública. Al mismo tiempo que las FARC‐EP dejaran las armas y se reintegraran a la legalidad, la fuerza pública garantizaría todas las condiciones de seguridad para posibilitar ese tránsito.
La Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto, conformada por trece oficiales en servicio activo de la fuerza pública y por miembros del ala más guerrerista de las FARC-EP, fue la encargada de concebir el modelo, original e innovador, que permitió el silenciamiento de los fusiles, la recepción de las armas por parte de la Misión Política de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la desaparición definitiva del grupo armado ilegal. Para esto, se acordó la ubicación de las FARC‐EP en zonas delimitadas: diecinueve Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y siete Puntos Transitorios de Normalización (PTN).
El monitoreo y la verificación del cese al fuego se realizó a través de un mecanismo tripartito con participación de representantes del Gobierno (fuerza pública), las FARC‐EP y la ONU, lo que permitió fortalecer la confianza, facilitar la solución de incidentes y dar mayor credibilidad y legitimidad al proceso.
La dejación de armas, verificada por delegados de la Misión Política de la ONU, se dio a través de siete procesos técnicos —registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción final y disposición— que garantizaron que la ONU recibiera todas las armas a través de un procedimiento técnico trazable y verificable, que finalmente llevó a la destrucción de las armas. Se propuso que el material que resultara de esa destrucción se utilizara para construir tres monumentos, uno en Cuba, otro en la sede de la ONU en Nueva York y otro en Colombia.
- Reincorporación de las FARC‐EP a la vida civil
La construcción de una paz estable y duradera implica la reincorporación efectiva de las FARC‐EP a la vida política, social y económica del país, el esfuerzo de esa reincorporación reafirma el compromiso de cerrar el capítulo del conflicto interno y de contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.
El proceso integral de reincorporación tiene en cuenta las particularidades de los excombatientes, de los territorios donde se van a reincorporar y, en especial, de las comunidades, con el propósito de que los excombatientes puedan asumir los retos de la vida civil en los espacios familiar, laboral, ciudadano y comunitario, tanto en el ámbito rural como urbano, así como construir proyectos de vida dentro de la civilidad de manera segura, digna y productiva.
Este proceso también debe promover oportunidades para que los habitantes en los territorios participen en los diferentes proyectos e iniciativas relacionados con la reincorporación, y debe contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas, fortalecer la base productiva del país, profundizar la democracia, la convivencia, la reconciliación y la no repetición, y, en general, contribuir a la implementación del Acuerdo Final y a mejorar las condiciones de vida y el buen vivir de las comunidades.
- Garantías de seguridad
La finalización del conflicto armado en Colombia implica fortalecer la institucionalidad y generar mejores condiciones de seguridad para todos los colombianos. Ese fortalecimiento es la oportunidad para llegar a la Colombia profunda, asegurando que la ciudadanía pueda acceder a la institucionalidad, garantizando la llegada de bienes y servicios a todo el territorio, así como el adecuado funcionamiento de economías legales; todo esto al tiempo que se enfrenta con contundencia a las organizaciones de naturaleza criminal.
Estas garantías se refuerzan a partir de tres ideas fundamentales: i) el monopolio de las armas y de la fuerza es exclusivo del Estado, ii) la administración de justicia recae de manera exclusiva en el Estado, lo que elimina cualquier pretensión de justicia privada, y iii) el Estado es el único responsable de recaudar tributos y combatir cualquier tipo de economía ilegal.
Las garantías de seguridad se deben a todos los ciudadanos de territorios urbanos y rurales, con especial énfasis en los territorios más afectados por el conflicto y en aquellos en donde excombatientes de las FARC‐EP se reincorporan a la vida civil. El objetivo es brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios; y garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las FARC‐EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC‐EP en proceso de reincorporación a la vida civil.
