VOLVERLa ampliación y diversificación de la participación democrática en todos los escenarios del Estado colombiano fue definida por el Gobierno Nacional y las FARC-EP como una necesidad para el país. Así, entre mayo y noviembre de 2013 abordaron la discusión que dio origen al segundo punto del Acuerdo Final.
El punto 2 contiene el acuerdo sobre participación política. Este acuerdo constituye una oportunidad única de avanzar en la ampliación y profundización de nuestro sistema democrático.
Aunque el país dio grandes pasos hacia una verdadera apertura democrática con la Constitución Política de 1991 —que permitió la entrada de nuevos partidos y movimientos políticos al escenario político, así como la promulgación de valores y principios fundamentales que han permitido el fortalecimiento de las instituciones políticas— muchos de esos valores y principios no se han materializado, en gran medida, a causa del conflicto armado interno. De ahí que fuera necesario alcanzar compromisos en esta materia.
Este acuerdo está construido sobre tres ideas:
1. Es necesaria una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos. En esta inclusión política debe haber plenas garantías de transparencia y de equidad en las reglas de juego, para que esas nuevas voces y proyectos que compitan en el escenario democrático puedan buscar consensos alrededor de temas importantes para el país y se enriquezca el debate.
Se requieren reformas que establezcan derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Lo anterior, con el objetivo principal de romper el vínculo que ha existido entre política y armas.
Esas garantías comprenden, entre otras: la seguridad de aquellos grupos vulnerables que pretendan participar en la política nacional, regional o local, de cualquier sector; el acceso equitativo a financiación y a medios de comunicación, donde las minorías políticas puedan ejercer su legítimo derecho a ser oposición; y las garantías necesarias para entrar a la democracia y permanecer en ella, pues las reglas actuales de participación política juegan en contra de los grupos minoritarios e impiden una verdadera disciplina de partido político.
Por último, teniendo en cuenta que gran parte de los territorios más afectados de manera directa por el conflicto no han logrado tener una representación significativa en instituciones como el Congreso de la República, y con el fin de promover la inclusión política, el acuerdo estableció la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, para que ciertos territorios puedan elegir representantes a la Cámara adicionales.
2. La consolidación de la paz requiere también de una mayor participación ciudadana, acorde con el espíritu de la Constitución de 1991.
La paz la construye la gente en los territorios. Para que esto sea posible, hay que fortalecer los mecanismos de participación, no solo para asegurar que esa participación sea efectiva para formular políticas e implementar los acuerdos, sino para que las personas puedan tramitar sus demandas sociales de manera efectiva y, en últimas, aportar a la construcción colectiva de paz «de abajo hacia arriba».
Se pretende que los ciudadanos puedan participar de forma activa en la toma de decisiones, así como evaluar y controlar la gestión de quienes gobiernan. Esto es una Garantía de No Repetición de la violencia, en la medida en que los ciudadanos sienten que hacen parte de las decisiones que los afectan y que pueden canalizar sus preocupaciones por la vía democrática.
3. La condición básica para consolidar la paz, por medio del ejercicio de la democracia, consiste en romper para siempre el vínculo entre política y armas. Esto significa que nunca más se utilicen las armas para promover una causa política y, a su vez, que quienes han dejado las armas, para transitar a la política, tengan todas las garantías de seguridad y de que no serán víctimas de violencia.
Lo anterior aplica no solo para quienes han dejado las armas, sino para todos aquellos que están en el ejercicio de la política. Se trata, nada menos, que de dignificar y proteger el ejercicio de la política como un pilar de la construcción de la paz.
Al mismo tiempo, es necesario fortalecer las garantías para el ejercicio de la oposición y de esa manera crear condiciones más propicias para cumplir con un principio básico de la democracia como lo es la alternancia en el poder.
