VOLVEREl 26 de agosto de 2012, tras el desarrollo de una etapa secreta de conversaciones, el Gobierno colombiano y las FARC-EP firmaron el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, documento que recoge parte de la visión, las reglas y los mecanismos que orientarían el proceso durante su fase pública (2012-2016).
Si bien las partes, desde el discurso, difirieron recurrentemente acerca de la naturaleza, alcance y asuntos a abordar en el marco de las negociaciones, lograron condensar en los acuerdos alcanzados algunas premisas que permitieron darle sentido, realismo y dinamismo al proceso.
Como parte de la visión de esta negociación se destaca la necesidad que encuentran las partes de finalizar de manera definitiva la confrontación armada y generar condiciones mínimas para la construcción de paz. Esto incluía: un llamado a otras organizaciones guerrilleras a sumarse a este esfuerzo de paz, el respeto a los derechos humanos en todo el territorio nacional como fin último del Estado, el desarrollo social y económico como base para la paz y el progreso, la necesidad de facilitar canales de participación ciudadana y el acompañamiento de la comunidad internacional, responder a las expectativas de paz de la sociedad colombiana y garantizar la ampliación de la democracia y la participación en política de nuevos actores como condición para un país en paz.
Entre las reglas previstas para el desarrollo de las conversaciones se estableció que las negociaciones debían ser directas e ininterrumpidas sobre los seis puntos de la agenda acordados (desarrollo rural, participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación), con el objetivo de llegar a un acuerdo final. La Mesa de Conversaciones se instalaría en Oslo, su sede principal sería La Habana —con opción de desplazarse a otros países—, debía funcionar de manera expedita y su labor estaría sujeta a evaluación periódica; contaría, además, con el acompañamiento de Noruega y Cuba como garantes y Venezuela y Chile como acompañantes.
En las sesiones de la Mesa de Conversaciones participarían hasta diez integrantes de cada delegación (conformada cada una por un total de treinta representantes), de los cuales cinco tendrían calidad de plenipotenciarios con vocería. De común acuerdo y para garantizar el avance del diálogo, la Mesa podría convocar expertos y expertas en diferentes temas y realizaría, así mismo, informes periódicos de avance que serían conocidos a través de un mecanismo específico, en tanto las discusiones de la Mesa no serían públicas. De igual modo, se estableció la creación por un tiempo determinado de un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda procedentes de la ciudadanía y organizaciones a través de medios físicos o electrónicos, además de consultas directas y la delegación en terceros para generar espacios de participación ciudadana. Las partes se esforzarían por lograr la mayor difusión posible del proceso, al tiempo que el Gobierno garantizaría los recursos y la tecnología necesarios para el funcionamiento de la Mesa. Finalmente, las conversaciones iniciarían por el punto de desarrollo rural y serían regidas por el principio de «nada está acordado hasta que todo esté acordado», el cual garantizaba el compromiso y flexibilidad de las partes para llegar a un acuerdo final.
Con el avance de las conversaciones, la visión de las partes sobre el proceso de paz y su alcance se ampliaría con mayor detalle a través de comunicados conjuntos y declaraciones unilaterales de sus delegados; al mismo tiempo, las partes mantendrían y reforzarían las reglas previstas para las conversaciones y plantearían nuevos mecanismos pensados para facilitar el avance y cierre de las mismas (medidas de construcción de confianza, visitas de delegaciones de víctimas, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, subcomisiones de negociación, cónclaves, entre otros).
