VOLVERReconociendo la necesidad de darle solución al problema de las drogas ilícitas, por ser este uno de los factores dinamizadores del conflicto armado en Colombia, las partes lo establecieron como cuarto punto de la negociación, entre noviembre de 2013 y mayo de 2014, y lo abordaron como un problema complejo, con dimensiones socio-económicas, de salud pública, de prevención del consumo y de lucha contra el narcotráfico.
El punto 4 contiene el acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, el cual promueve un tratamiento distinto y diferenciado del fenómeno del consumo, el problema de los cultivos de uso ilícito y la criminalidad organizada asociada al narcotráfico. Este acuerdo asegura, así mismo, un enfoque general de derechos humanos y salud pública diferenciado y de género.
Dado que el cultivo, la producción y la comercialización de las drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno, resolver el problema de la droga en los territorios es también una medida de no repetición del conflicto.
Es necesario reconocer que hay que transformar las condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional en los territorios, así como que existen organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Ese reconocimiento ha de servir para poner a la gente y a los territorios afectados en el centro de la solución.
La solución al problema de las drogas ilícitas acordada comprende los siguientes puntos:
- Sustitución de los cultivos ilícitos y erradicación
La solución se basa en un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo, que no consiste simplemente en erradicar los cultivos ilícitos o en pagar a los campesinos por erradicarlos, sino en trabajar con las comunidades para resolver el problema de los territorios y de los cultivos, en una lógica de integración territorial e inclusión social.
El programa busca resolver el problema de los cultivos mediante la sustitución voluntaria, por lo que es indispensable, de un lado, la voluntad expresa de las comunidades de transitar caminos alternativos al de los cultivos de uso ilícito, y del otro, el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el Bienestar y buen vivir.
La aspiración del programa es que toda la sustitución sea voluntaria. En los casos donde los cultivadores no quieran participar o incumplan los compromisos, la erradicación será manual; y en cualquier otro caso, también, salvo que las circunstancias en ese lugar no lo permitan. La aspersión será un recurso excepcional y residual de la estrategia.
- Desminado
Un obstáculo mayúsculo para la sustitución voluntaria de los cultivos y, en general, para la implementación de los acuerdos, es la presencia de minas en los territorios. Por eso, el Gobierno se compromete a poner en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar, el cual contará con la contribución tanto el Gobierno como de las FARC-EP, por diferentes medios, incluyendo el suministro de información.
- Programas de prevención del consumo y salud pública
Se propone separar el tratamiento del consumo de la persecución del crimen organizado, y desarrollar una política nacional frente al consumo de drogas ilícitas que tenga un enfoque diferencial y de género, esté basada en la evidencia y se construya e implemente con participación de las comunidades.
Una política de promoción en salud, prevención, atención integral e inclusión social, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes, requiere para lograr su objetivo del compromiso y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la familia.
- Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos
Pocos problemas le han causado tanto daño y tanto dolor al país como el narcotráfico. El acuerdo para la terminación del conflicto rompe la relación que pudiera existir entre el narcotráfico y la violencia política, y, al resolver el problema de los cultivos, le quitará parte del combustible al narcotráfico y por tanto a la violencia. Reducir sustancialmente las fuentes de financiación de las organizaciones criminales es también una medida de no repetición.
Es indispensable desmantelar las mafias enquistadas en las regiones que ponen en riesgo la construcción de la paz. El Gobierno concentrará todos los recursos posibles contra el crimen organizado y, además, revisará y establecerá estrictos controles estatales sobre la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos. Todo esto con el fin proteger el programa de sustitución, la implementación de los acuerdos y la misma seguridad de las comunidades.
Por último, resulta necesario profundizar en la identificación del lavado de activos y en su control, así como asegurar que todas las instituciones que ejercen vigilancia sobre diferentes aspectos de la economía actúen en contra del lavado y apliquen decididamente la extinción de dominio sobre los bienes encontrados.
- Dimensión internacional
Una solución definitiva, o al menos más sensata, al problema de las drogas no es posible sin un consenso entre las sociedades y una cooperación más estrecha entre las naciones. Con ese fin, el Gobierno promoverá una conferencia internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para reflexionar y hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos sobre los ajustes que se deben hacer, teniendo en cuenta para ello la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia, la perspectiva de los países consumidores y productores —en especial las experiencias y las lecciones aprendidas en Colombia— y la identificación de buenas prácticas basadas en la evidencia.
